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A Propósito del Perú: III. ¿A Qué Llamamos Genocidio?

Publicado el 27 Junio, 2009

¿Qué entiende por genocidio un periodista peruano cuando pregunta si se ha cometido genocidio en el Perú? ¿Qué entiende por genocidio un relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando responde negándolo en redondo? ¿Qué entiende por genocidio el Canciller del Perú cuando se muestra ansioso ante la insinuación y aliviado con la negativa? ¿Qué se entiende por genocidio de parte indígena cuando se siente y se dice víctima? En definitiva, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué se encierra en una palabra cuya sola pronunciación produce perplejidad, cerrazón, ansiedad y esperanza, ésta la de las víctimas en que el delito se castigue y los daños se reparen, en que se haga justicia en suma?

A Propósito del Perú:
III. ¿A Qué Llamamos Genocidio?

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

¿Qué entiende por genocidio un periodista peruano cuando pregunta si se ha cometido genocidio en el Perú? ¿Qué entiende por genocidio un relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando responde negándolo en redondo? ¿Qué entiende por genocidio el Canciller del Perú cuando se muestra ansioso ante la insinuación y aliviado con la negativa? ¿Qué se entiende por genocidio de parte indígena cuando se siente y se dice víctima? En definitiva, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué se encierra en una palabra cuya sola pronunciación produce perplejidad, cerrazón, ansiedad y esperanza, ésta la de las víctimas en que el delito se castigue y los daños se reparen, en que se haga justicia en suma?

Genocidio es un neologismo de mediados del siglo XX. Lo acuña en 1944 un jurista polaco, de nombre Raphael Lemkin, para identificar cuanto expone en una obra sobre el sistema nazi que lleva por título Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress (Régimen del Eje en la Europa Ocupada. Normas de la Ocupación, Análisis del Sistema, Propuestas de Reparación). Es obra que, frente a lo que suele hoy darse por entendido entre quienes la citan sin leerla, no trata de lo que luego se llamaría el holocausto, la matanza masiva y sistemática de judíos, eslavos, gitanos, africanos, homosexuales y un etcétera por parte del régimen nazi y de los gobiernos aliados. No trata de esto. Su autor ni siquiera le daba mucho crédito a las noticias todavía imprecisas que le llegaban del gobierno polaco en el exilio sobre el desenvolvimiento de dicha matanza a escala industrial. Lemkin acuñó la palabra genocidio para otra cosa, para algo relacionado pero distinto.

Axis Rule se ocupa de las políticas nazis desnacionalizadoras de pueblos no arios subrayando además ya de entrada que el mismo término de desnacionalización se queda corto para la envergadura, alcance y gravedad de dichas políticas. La obra se ocupaba de las políticas de socavamiento de culturas y desarraigo de pueblos para hacerlas y hacerlos desaparecer sin necesidad de eliminación sistemática de una parte suficiente de sus individuos a fin de conseguir dicho efecto, lo cual, esto último, les resultaba por entonces más bien inconcebible a quienes no eran dirigentes ni ejecutores nazis. A esto llamó Lemkin genocidio o también etnocidio, pues él fue quien acuñó igualmente este otro términos, bien que como estricto sinónimo. Dicho con términos actuales, genocidio nació significando lo que hoy suele llamarse genocidio cultural o también, como cosa que ahora se diferencia del genocidio genuino, etnocidio. El genocidio genuino resultaría entonces el holocausto y no las políticas de las que éste, el holocausto, sería tan sólo un elemento. Todos estos son conceptos bastante posteriores.

Lo que debe entonces destacarse es que la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se elaboró bajo la influencia directa y determinante de la concepción desarrollada por Raphael Lemkin en Axis Rule. El proyecto oficial del Secretario General la sintetizaba en la debida forma normativa. Los Estados coloniales, de un colonialismo externo desde Europa o también de un colonialismo interno por las Américas, Estados que por entonces formaban mayoría absoluta en Naciones Unidas, intentaron eliminar de la Convención lo que luego se llamaría genocidio cultural o etnocidio, lo cual pondría ciertamente en entredicho de ilegitimidad al propio colonialismo, pero no hicieron esto de forma que despareciera toda traza ni muchísimo menos. Desde 1948, con la Convención sobre el Genocidio adoptada a finales de dicho año, el derecho internacional de los derechos humanos tipifica el genocidio como algo más, bastante más, que la matanza deliberada y masiva.

Recuérdese cómo quedó entonces y está hoy tipificado el delito de genocidio en el derecho internacional: “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo; b
) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Una de las formas del genocidio es la matanza. Hay otras, otras formas que tienen entidad propia, formas que no se reducen a modulación o cualificación de la matanza. Políticas que producen lesión grave de la integridad física o mental de miembros, por ejemplo, de pueblos indígenas con intención de hacer desaparecer a éstos, a los pueblos, en cuanto tales; políticas que les sometan a condiciones de existencia que acarreen a la corta o a la larga su destrucción física, total o parcial; políticas que persigan la transferencia de infancia y adolescencia de un pueblo a otro o de una cultura a otra poniendo en peligro su reproducción y subsistencia como tales pueblos o tales culturas, todo ello constituye por sí mismo, sin concurrencia de matanza, genocidio.

Dicho de otra forma y extrayendo una decisiva consecuencia, las políticas usualmente aplicadas a pueblos indígenas eran y son políticas genocidas. Es forma y es consecuencia que los Estados coloniales, sobre todo entre ellos, tras la década descolonizadora de los años sesenta, los Estados de un colonialismo interno, se han cuidado muy mucho de hacer desaparecer del mapa. El propio Lemkin negaba la posibilidad de aplicación de la Convención al caso indígena porque compartía plenamente la mentalidad colonialista para la que los pueblos indígenas no contarían con culturas que merecieran ser protegidas o que atribuyesen algún derecho de existencia en cuanto que pueblos o culturas con entidad propia. Entendía incluso que la Convención sobre el Genocidio serviría para proteger a la población europea establecida en las latitudes colonizadas de África. Respecto al continente americano pensaba que se habían cometido genocidios durante los tiempos del colonialismo europeo, pero que éste no era el caso de los Estados que le sucedieron.

En resumidas cuentas para lo que importa a efectos prácticos, el colonialismo se conjuró para neutralizar el efecto anticolonialista de la Convención sobre el Genocidio. La descolonización presidida por Naciones Unidas desde 1960 no sirvió para poner en cuestión tamaña desvirtuación. El reto lo asume finalmente, desde el 13 de septiembre de 2007, la Declaración sobre los Derechos de Naciones Unidas, derechos que ahora precisan la debida protección internacional. Dentro de Naciones Unidas, hasta el momento presente, con la Declaración ya en vigor, sólo en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se ha planteado seriamente tal reto, el reto de recuperar el alcance genuino de la Convención sobre el Genocidio a efectos de la más eficiente protección internacional de los derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.

Hay también ahora en Naciones Unidas un Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio. Su titular actual, Francis Deng, propugna un concepto amplio del genocidio a los efectos de su debida prevención. Plantea esta dilatación en términos de que debe atenderse la percepción popular, la percepción de que exista el peligro de genocidio o de que el mismo se haya consumado. No es una concepción que pueda decirse precisa, pero es sensible y resulta operativa. Para entenderla, ha de tenerse en cuenta que el mandato del Asesor Especial no le permite calificar unos hechos como genocidio, sino sólo alertar sobre indicios de que pueda producirse o de que se haya producido. Su tarea no es la de determinar si existe o no genocidio, sino la de establecer guías y atender señales para vigilar que no ocurra. En estas condiciones, parece una excelente idea la guiarse por los signos de la percepción popular, la percepción al fin y al cabo, en último término, de las víctimas.

La percepción popular resulta ante todo en efecto la percepción de las víctimas y, por tanto, en su caso, la de parte indígena. ¿Quiénes, si no, van a estar en mejores condiciones para percibir el peligro sobre la marcha? Son las víctimas por supuesto las primeras que pueden dar la señal de alarma. Por mucho conocimiento de derecho internacional que se tenga y por relevante que sea el mandato recibido en su caso de algunos de los organismos de Naciones Unidas, ningún experto o experta debiera descartar la posibilidad de genocidio si la percepción popular que es ante todo la de las víctimas está clamando otra cosa. No digo que se hubiera de concluir, ya sólo por esto, lo contrario, esto es que existe genocidio, sino que se debe tomar tal clamor como señal primaria de que puede haberlo. Determinar si hay genocidio en un caso concreto para procederse al enjuiciamiento de responsables y a la reparación de las víctimas mediante el debido proceso sólo es competencia de la jurisdicción internacional, la jurisdicción en la actualidad representada principalmente por la Corte Penal Internacional y secundariamente por la Corte Internacional de Justicia.

Respecto al Perú, atiéndase con todo y ante todo la percepción de las víctimas, una percepción conforme a la cual, como puede acreditarse por testimonios e informes hechos públicos tanto antes como después de la masacre de Bagua, se viene cometiendo genocidio con anterioridad a esta misma y puede seguirse cometiendo tras ella aún cuando se ceda por la parte actora del delito derogándose algunas medidas y modificándose algunas políticas que conceden desde luego un respiro vital para las propias víctimas. Bagua entonces tan sólo constituye un eslabón en la cadena genocida. Y la coyuntura consiguiente de cierta revisión de normas y de políticas no resulta sino un relativo compás de espera, sólo relativo puesto que las empresas invasoras de territorios indígenas, a las que el derecho internacional de derechos humanos rehuye exigir cuentas, no se dan por enteradas.

A la pregunta del periodista perplejo porque se esté hablando de genocidio, si se me dirigiera, respondería que, a mi parecer, no es que se haya cometido genocidio en el Perú, sino que se está cometiendo. Agregaría que, ante la mentalidad probadamente supremacista e incluso profundamente racista de la clase actualmente gobernante, no parece que haya otro modo de acabar con la comisión de genocidio que por la vía penal internacional. Tampoco hay razón para la ansiedad del Canciller peruano como si se sintiera difamado y perseguido. El caso no puede decirse que sea exclusivo. Si se me dirigiera la pregunta respecto, por ejemplo, a Chile o a Colombia, contestaría lo mismo.

La "segunda guerra del petróleo": después de Irak, ahora Perú y Nigeria Alfredo Jalife-Rahme

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/28/index.php?section=opinion&article=010o1pol

A las turbulencias bélicas de baja intensidad que se escenifican en varios países con abundantes reservas de hidrocarburos se les ha bautizado como "segunda guerra del petróleo", que va desde Perú hasta Nigeria.

Bajo la ocupación anglosajona de una guerra formal, Irak, después de casi 2 millones de muertos y más de 4 millones de refugiados, ha sido obligado a adjudicar su petróleo a las trasnacionales de los países invasores.

Sin necesidad de ser ocupado por una guerra, el "México neoliberal", en la peor etapa de su historia moderna de decadencia panista, después de la entreguista "reforma energética" calderonista-beltronista, está maduro para prodigar a las trasnacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña su inmensa riqueza petrolera del Golfo de México (ver La desnacionalización de Pemex, editorial Orfila, 09).

Todo se vale para capturar los hidrocarburos ajenos: hasta el "indigenocidio" perpetrado en Perú por el gobierno del folclórico presidente Alan García y su primer ministro, Yehude Simon Munaro (con fuertes vínculos con Israel, es decir, con los infanticidas de Gaza), quien fue obligado a renunciar.

Las cifras del "indigenocidio" en la zona amazónica de Perú, curiosamente escamoteadas por la selectiva prensa anglosajona, tan tumultuosa en referencia a los disturbios electorales de Irán, van desde "más (sic) de 60", según Marco Aquino, analista de Reuters (9/6/09), hasta más de 200, de acuerdo con las propias víctimas.

Aquino refiere que "en la extensa región amazónica de Perú se ubican reservas de petróleo y minerales potencialmente lucrativas, pero sus moradores indios están furiosos por haber sido dejados fuera de los planes para obtener ganancias de la selva".

Un estudio de científicos de la Universidad de Duke, citado por Aquino, expone que "el área total concedida a las trasnacionales cubre más de 70 por ciento del Amazonas de Perú. Por lo menos (sic) 58 de las 64 áreas se encuentran en tierras tituladas a los pueblos indígenas", que el impopular cuan locuaz presidente García, títere estadunidense, ha estigmatizado de "terroristas" y "obstáculo para el desarrollo económico".

John Vidal, "editor ambientalista" del periódico británico The Guardian (13/6/09), devela lo que se encuentra detrás del ‘indigenocidio” en Perú: "en todo el globo, conforme las trasnacionales de petróleo y minas compiten por los recursos declinantes, las poblaciones indígenas luchan por defender sus tierras y seguido salen perdiendo".

Perú, pletórico en reservas de hidrocarburos y minería (es el primer productor de plata del mundo), cuenta con 45 por ciento de indígenas, 37 por ciento de mestizos (indígenas mezclados), 15 por ciento de blancos y 2 por ciento de otros orígenes (negros, japoneses y chinos); ahora sufre la peor violencia de los recientes 20 años, lo que ha orillado al gobierno "indigenocida" de la dupla Alan García y Yehude Simon a derogar las leyes (impuestas por decreto presidencial y bajo fuerte presión de Washington) que permiten la privatización y lotificación de las tierras de los indígenas awajun y wambis, con el fin de expoliar sus hidrocarburos y sus bosques, en aplicación puntual del reciente tratado bilateral de libre comercio firmado con Estados Unidos.

Comenta Vidal que "Perú constituye uno de varios países ahora en conflicto abierto (sic) con sus indígenas sobre los recursos naturales", y se asombra cándidamente del silencio de los multimedia anglosajones.
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Alan García, presidente de Perú, luego de una conferencia el pasado 13 de junio en el palacio de gobierno de LimaFoto Reuters

¿No es, acaso, el silencio similar que operó en las carnicerías de Acteal y Aguas Blancas de la dupla Zedillo y Joseph-Marie Córdoba (otro íntimo aliado de los gobiernos infanticidas de Israel), también tratantes de comercio libre y sepultureros de la banca mexicana?

Vidal se aflige del silencio global de los multimedia sobre la expoliación del patrimonio de los indígenas: "prácticamente sin ser reportadas por la prensa internacional (sic), han existido grandes protestas en torno de la explotación de minas, petróleo y bosques en África, Latinoamérica, Asia y Norteamérica. Las presas hidráulicas y plantíos de biocombustibles, así como las minas de carbón, cobre, oro y bauxita, se encuentran en el centro de las mayores disputas de derechos catastrales".

¿Ignora Vidal que los espirituales "derechos humanos", ya no se diga los más materiales "derechos castastrales", solamente son invocados cuando afectan los intereses unilaterales de la banca israelí-anglosajona y las trasnacionales que financia?

Los asesinos de indios en la "gloriosa conquista del Oeste" del siglo XIX en Estados Unidos no eran tan depredadores ambientales como sus sucesores neoliberales: las trasnacionales petroleras y mineras del siglo XXI.

Vidal aduce que "lo que hasta ahora habían constituido incidentes aislados (sic) de los pueblos indígenas en conflicto con estados y trasnacionales se ha vuelto más común conforme las trasnacionales, apoyadas por los gobiernos, penetran en las tierras ignoradas, como salvajes o improductivas".

John Vidal cita a Larry Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington: "Todo está en venta, incluyendo los derechos de los indios. Seguido los gobiernos no reconocen los títulos catastrales de los indios y los grandes (sic) terratenientes simplemente se quedan con las tierras". ¿Dónde radica la novedad?

Bajo la cobertura nuclear de Estados Unidos y Gran Bretaña y el gran engaño del "libre comercio", lo único que "innova" el neoliberalismo es la legalización de la expoliación de los derechos de las poblaciones valetudinarias.

Vidal enumera las atrocidades contra el medio ambiente y los indígenas, ejecutadas por las trasnacionales petroleras anglosajonas en Nigeria, Ecuador y Papúa occidental (Indonesia), y puntualiza que "en Nigeria una fuerza militar incursionó contra las comunidades opuestas a la presencia de las trasnacionales petroleras en el delta del Níger", que "provee 90 por ciento de las ganancias del gobierno" y donde Shell ha depredado el medio ambiente de los pueblos aborígenes Ijaw. Es la historia de siempre y por doquier con las trasnacionales petroleras anglosajonas.

No faltan sofismas interesados que culpan a la existencia misma de los indígenas, quienes se oponen a la "modernidad", como es el caso de Víctor Menotti, director del Foro Sobre la Globalización, con sede en California, citado por Vidal: "es una guerra (sic) paradigmática, que va del Ártico a la selva tropical. Donde se encuentren pueblos indígenas habrán conflictos de recursos. Es una batalla (sic) entre las visiones industrial e indígena del mundo". ¡Vaya fatalismo unilateralista! ¿No le pueden entregar sus derechos catastrales a los indios sin ofender la naturaleza ni el progreso?

El problema, gravísimo de por sí, es mucho más aterrador, ya que en el manual neoliberal de la plutocracia oligárquica y oligopólica anglosajona no tienen cabida el medio ambiente ni la clase media ni los pobres, ya no se diga los indígenas.

GREEN DAY-KNOW YOUR ENEMY LETRA ESPAÑOL E INGLES...Insurrecion, derrocar la imagen, quemar al capataz que nos controla, el silencio es el enemigo!!!

Al 15 de junio un pueblo casi incomunicado / Denuncia contra Telefónica desde Bernal-Piura que está casi incomunicado

http://victimasdetelefonicaperu.blogspot.com/2009/06/denuncia-contra-telefonica-desde-bernal.html

Esta denuncia llega desde el pueblo de Bernal en bajo Piura., pueblo que ha quedado casi incomunicado vía telefónica y los sinvergüenzas de telefónica pierden en su sistema los pagos hechos por estos pobladores y les quieren volver a cobrar.

Pueblo de Bernal (bajo piura) casi incomunicada‏
De: Giancarlo Mestanza (gian_mesta@yahoo.es)
Enviado:
martes, 09 de junio de 2009 11:33:34 a.m.

Sender's name : Giancarlo MestanzaSender's

Email : gian_mesta@yahoo.esReferrer : http://victimasdetelefonicaperu.blogspot.com/2009/04/denuncia-contra-empresa-contratista-de.html

Hace dos meses o más, mi familia y todos los pobladores fueron obligados a pasarse a un servicio de estos señores, nada provechoso para ellos, pero si para los bolsillos de telefonica.

Te cuento: Les cambiaron sus aparatos telefonicos por unos aparatos de antena que no necesitan de cableado y se enchufan en los toma corrientes. (los mismos que venden en el centro de lima, en la calle, por su local, esos) Les retiraron la una antena receptora (la antena que vemos siempre en edificio de nuestra capital que sirve para captar mejor las llamadas) la unica del pueblo. Les cambiaron la fecha de pago, y a varios la telefonica les quiere cobrar otra vez por que resulta de que el pago que han realizaron la telefonica no aparece en su sistema. Todos los pobladores no pueden realizar llamadas por que sus aparatos no funcionan y para el colmo algunos de ellos solo pueden recibir llamadas. La gente se ha quejado ha esa empresa sin exito. OJALA ALGUIEN HAGA ALGO, PORQUE ESTO ES UN ABUSO.

FIDH. Misión Stavenhagen (ex- Relator de la ONU) en Perú: 'Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad'

La FIDH envió una misión a Perú para investigar los sucesos de Bagua. La misión estuvo integrada por Elise Monge y Rodolfo Stavenhagen, quienes emitieron un comunicado al finalizar su visita.

La misión señala que " En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos."

COMUNICADO DE PRENSA

Lima, 19 de junio de 2009

Misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos al Perú
en torno al conflicto en Bagua

Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros de la FIDH en el Perú.

Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

La misión tenía por objetivo

- obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el departamento de Amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros de la policía;

- determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos, y

- conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron en el conflicto.

Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos, agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía. Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos entrevistas en la ciudad de Lima.

Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso. Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos aparatos.

De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.

Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en las azoteas de las casas.

Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los “errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones en curso.

Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).

Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos delictivos.

Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y psicológico.

El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por estos homicidios.

El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el consentimiento, la participación o la consulta a la población local. Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los indígenas que bloqueaban la carretera.

Conclusión

Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.

Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.

Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa, en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación al homicidio.

En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido responsables de ellos.

Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento, denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de integrantes de esta asociación.

Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día 19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido evitar la tragedia de Bagua.

Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena participación de los pueblos indígenas.

Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar integradas por personas totalmente independientes y de comprobada seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos particulares.

Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al Gobierno del Perú.

Confusión Informativa sobre la Masacre de Bagua - Declaraciones del relator de la ONU sobre si sobre si existen o no pruebas para hablar de genocidio

Confusión Informativa sobre la Masacre de Bagua

Publicado el 20 Junio, 2009

La visita urgente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas motivada por la masacre de Bagua concluye con una cierta confusión informativa por causa ante todo de la interferencia de la Cancillería. La misma ha puesto en marcha una campaña de desinformación dirigida a la emigración peruana con rasgos de puro cinismo en el relato de los hechos y la presentación de las posiciones. Desde el mismo momento en que cursó su invitación, el Canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, ha intentado capitalizar a favor del Gobierno la visita del Relator Especial, James Anaya.

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1737Bartolomé Clavero

Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

La visita urgente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas motivada por la masacre de Bagua concluye con una cierta confusión informativa por causa ante todo de la interferencia de la Cancillería. La misma ha puesto en marcha una campaña de desinformación dirigida a la emigración peruana con rasgos de puro cinismo en el relato de los hechos y la presentación de las posiciones. Desde el mismo momento en que cursó su invitación, el Canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, ha intentado capitalizar a favor del Gobierno la visita del Relator Especial, James Anaya.

“Debería haber una investigación exhaustiva”, ha declarado el Relator Especial a la conclusión de su visita, añadiendo que la comisión encargada de la indagación debiera ser de un carácter tripartito: gubernamental, indígena e internacional. Asimismo estima que se está produciendo un “cambio positivo” desde la derogación del par de decretos que impulsaban la privatización de propiedades comunitarias, añadiendo que tal cambio debe conseguir una mejor comunicación con la parte indígena y proceder siempre para la puesta en práctica de acuerdos mediante el mecanismo de la consulta a los pueblos indígenas. Tras estas consideraciones el Relator Especial rechazó la posibilidad de que se haya cometido genocidio, pues, arguyó, “genocidio implica el exterminio de un pueblo como definición jurídica internacional”, lo que “no he visto”.

Por su parte, desde Bogotá, donde se encuentra, el Canciller hace sus declaraciones eludiendo la necesidad de la investigación exhaustiva e imparcial y el requisito del respeto a la consulta para el encauzamiento de la situación y centrándose en el descarte del genocidio: “En la entrevista que tuve yo con él (Anaya), él nos dijo a mí y a las ministras que estaban conmigo que no era posible hablar de genocidio y no se debía hablar de genocidio”. El Canciller entiende que la misma visita del Relator Especial sale al paso de “la clara y manifiesta campaña de ciertas organizaciones por exagerar y dramatizar e inventar, digamos, situaciones que no se han dado” y se muestra confiado en que James Anaya cumplirá el papel que se le asigna: “Tenemos amplia confianza en que va a decir su verdad, porque nos interesa que todo sea transparente; no tenemos nada que esconder y tenemos plena confianza”. Ni tiene el detalle diplomático de esperar a su informe, que tendrá por supuesto que elaborarse, ni entiende que haga falta mayor indagación y, aún menos, imparcial.

La indagación ya la ha comenzado la justicia peruana actuando con la parcialidad que le caracteriza. Procesa por diversos cargos a más de sesenta indígenas y a ningún mando policial, militar ni político. Bastantes de esos indígenas están en paradero desconocido y la justicia no se plantea indagar sobre su posible muerte o retención a manos de responsables públicos. Ni el Relator Especial ni el Canciller han declarado nada sobre estos particulares. Cargo de genocidio no se presenta, aunque el Código Penal peruano ofrece base. Y también lo hace desde luego el derecho internacional. “Genocidio implica el exterminio de un pueblo”, ciertamente, pero también algo más. Conforme a la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, no hace falta exterminar a todo un pueblo para que lo haya, sino que basta que se le elimine “en parte”.

Testimonia el Relator Especial que no ha visto en la masacre de Bagua “el exterminio de un pueblo”. Ni total ni parcialmente, desde luego. Pero para la Convención sobre el Genocidio lo es también, sin necesidad de eliminación física directa, el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Me consta que, en la visita del Relator Especial a las comunidades que han sufrido víctimas, se le ha explicado cumplidamente cómo la intrusión de empresas extractivas por concesión gubernamental sin consulta indígena les están sometiendo a unas condiciones imposibles de vida; digámoslo con el lenguaje del derecho penal internacional: “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física”. La derogación de un par de decretos no cambia para nada en absoluto tales condiciones.

¿Por qué no estima el Relator Especial que pueda haber genocidio? Adviértase bien. En el caso no es que constituya genocidio una masacre, pues no es así ciertamente. Es que puede constituirlo la política gubernamental y la actividad empresarial, todo esto que hasta ahora, en su rápida visita, no ha podido analizar el Relator Especial. Cierto es que en el ámbito internacional impera una idea restrictiva de genocidio. Empezó a gestarse con los términos de la ratificación de la Convención por los Estados Unidos y ha llegado a hacerse doctrina autorizada por obra de la Corte Internacional de Justicia. Es la idea de que el genocidio sólo es matanza y matanza cometida con la intención deliberadamente asesina de eliminar por la violencia directa a todo un grupo humano. Ni es éste el único medio de exterminio de pueblos ni la Convención sobre el Genocidio mantiene dicho concepto. Sobre la posibilidad de que exista genocidio en el Perú, se entiende la ansiedad del Gobierno peruano por despejarla bastante mejor que el apresuramiento del Relator Especial por descartarla.

La Cancillería por su parte no está ociosa. Se ha hecho cargo de la campaña de desinformación hacia el exterior. A través de los consulados transmite una visión radicalmente sesgada de los acontecimientos a la ciudadanía peruana que reside en el extranjero. La mala fe ya queda con esto completamente al desnudo. El comunicado asevera que, ante los sucesos de Bagua, el Gobierno ha cuidado sumamente el respeto de “los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes” incluso todo ello en el caso de unos procesamientos: “en el proceso judicial correspondiente, las personas implicadas continuarán gozando de todas las garantías inherentes al debido proceso”. Dada la línea inmaculada de comportamiento, de otras responsabilidades, ni políticas ni criminales, es el caso. No entran en cuestión.

Hay más explicaciones: “El objetivo del gobierno es evitar la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera”. Sobre derechos indígenas tampoco hay cuestión pues es en dicho contexto donde se comprende una serie de leyes y decretos: “Para defender este patrimonio ecológico de la humanidad, reforestar las áreas destruidas y establecer el orden, el gobierno impulsó una legislación moderna”. Si otra cosa se ha entendido en medios indígenas es porque “movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras”. Con este despliegue ejercicio de transparencia todo queda cristalinamente claro. Ya se sabe ahora por qué las empresas extractivas irrumpen, concesión gubernativa mediante, en la Amazonía: para evitar su destrucción en manos de gente desaprensiva.

En esta instrucción de la Cancillería a los consulados peruanos unas políticas alegadamente genocidas pueden aparecer transvertidas. He aquí el remate del comunicado: “El Gobierno peruano reitera su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en esta delicada problemática y su voluntad de evitar la destrucción de la amazonía, cumpliendo su compromiso con las propias etnias nativas y con el futuro de la humanidad”. Punto. Y seguido por supuesto, nada final como se quiere.